Pretenden usar dinero “abandonado” en bancos para la Guardia Nacional.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma para disponer de los recursos abandonados en los últimos seis años en los bancos e instituciones financieras para destinarlos a la Guardia Nacional.
Se trata de un monto superior de 10 mil millones de pesos, provenientes de particulares que no han movido sus ahorros en sus cuentas bancarias y no lo han reclamado. También se sospecha que haya dinero del crimen organizado.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, coordinada por Ignacio Mier, cambió la propuesta inicial para que la federación se quede con el 45% de los recursos para destinarlos a la Guardia Nacional, la cual ya está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En principio se tenía previsto que el 70% de los recursos fueran para los municipios y 30% para las entidades federativas, pero de última hora Mier cambió la propuesta.
Pese a la reducción para los municipios, el dictamen se aprobó con 483 votos a favor y una abstención de la panista Mariana Mancillas; después se turnó al Senado para su revisión.
Las bancadas de Morena, PT, PVEM, MC, PRI, PAN y PRD igualaron los criterios ante la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de utilizar los recursos inactivos en los últimos seis años en los bancos para destinarlos a la seguridad pública.
En el artículo 61 de dicha ley se establece que los derechos derivados de las cuentas e inversiones abandonadas en las instituciones financieras se depositarán en una cuenta global, luego de tres años sin movimiento alguno.
Luego de otros tres años en la cuenta global, tales recursos podrán ser tomados por el gobierno si nadie los reclama. “Los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, se destinarán en favor del Gobierno Federal y los ingresos que se obtengan se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de la Seguridad Pública, para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan”, se señala sobre el reparto del dinero.
Se agrega que las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año fiscal previo.
“Los recursos ubicados en la cuenta global son cuentas en abandono, se originan de una suerte de bien bancario de carácter ‘mostrenco’ y pueden ser debidamente orientados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las áreas del Estado encargadas de la protección y el restablecimiento de las condiciones de estabilidad y cohesión”, se argumenta en la iniciativa.
