Señalan a funcionario de Julio Menchaca, de engañar a más de 8 mil empresarios.

Por Emmanuel Ameth.

Eduardo Iturbe Méndez, quien en la Plataforma de Transparencia aparece como subsecretario de Gobierno pero que lleva a cabo la función de director de Comunicación Social, habría engañado a al menos 8 mil 540 empresarios durante su paso como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar.

Aunado a ello, pese a verse impedido a desempeñar otro cargo por su actividad en el gobierno de Hidalgo, ’dobletea’, pues además del gabinete de Menchaca, es parte del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) como consejero nacional de Morelos -lo cual también impide el propio organismo empresarial-.

Las sanciones como funcionario por este tipo de conductas vienen estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, mismas que van desde la amonestación hasta la remoción. Incluso, si su superior no atendiera la situación, se establecen sanciones por cohecho según la misma Ley.

El engaño a los empresarios

Fue el 27 de enero de 2022 que Iturbe Méndez protestó ante los afiliados de Canaco Pachuca cumplir y hacer cumplir los lineamientos de la agrupación empresarial, resultando electo como presidente en la 84 Asamblea General. Un año antes, ya había tomado las riendas del organismo ante la ausencia de Sergio Trujillo Monroy, quien perdiera la vida por complicaciones a causa de COVID-19.

Trujillo Monroy venía también de una designación cuestionada en la que diversos consejeros buscaron su renuncia al cargo durante su mandato.

El 5 de septiembre de 2022 Iturbe Méndez se integró al gabinete de Julio Menchaca como director de Comunicación Social, renunciando para ello a la presidencia de Canaco Pachuca, dejando como interino a Vicente García Ávila.

Tres días antes, el 2 de septiembre, todavía como presidente de Canaco Pachuca, firmó un acuerdo con el Tec de Monterrey Hidalgo para impulsar la “Ruta del pulque” así como para obtener descuentos para sus representados. Allí, Eduardo Iturbe aseguró que la Cámara contaba con 9 mil afiliados.

Un mes después, el interino García Ávila reiteró ante los medios de comunicación que Canaco Pachuca contaba con 9 mil afiliados de 63 municipios donde operaban, ello, con motivo de presentar la estrategia para El Buen Fin de dicho ejercicio.

Según el Artículo 7 de los Estatutos de Canaco Pachuca, mismos de los que este medio tiene copia, se establece que para ser afiliado, se requiere que el interesado registre su establecimiento ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), regulado por la Secretaría de Economía y por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, además de pagar la cuota de afiliación a la Cámara.

El problema no está en que efectivamente Canaco Pachuca cuente con los pagos de 9 mil empresarios tanto en SIEM como en afiliación, sino que incluso habiendo recibido las citadas cuotas, los registros en la plataforma del SIEM no superaron los 460 establecimientos en el periodo señalado e incluso bajan a 412 restando los duplicados.

Es así que al menos 8 mil 540 comerciantes y prestadores de servicios tanto de la capital hidalguense como de otros 62 municipios de Hidalgo fueron presuntamente engañados por la Canaco Pachuca con consentimiento o premeditación de Eduardo Iturbe, estimándose el daño patrimonial entre 854 mil y 5 millones de pesos para el caso del SIEM, así como de al menos 1.7 millones de pesos por concepto de cuota de afiliación solamente del año 2022.

En los dos años que estuvo al frente, primero como interino y después como electo, el presunto daño se estima desde los 5 millones y hasta los 15 millones de pesos, dependiendo de si cobraban cuota mínima o máxima a los establecimientos que no registraron en la plataforma pese a haber cobrado el servicio y a que éste se encuentra reglamentado por disposiciones federales, pues el engaño no sólo consistiría en no haber realizado el registro ante el SIEM de la gran mayoría de empresarios que confiaron en ellos, sino que tampoco podían afiliar a Canaco Pachuca a quienes no contaran con engomado debidamente acreditado en la plataforma.

Recordar que el objetivo del SIEM, aún si se autoriza un cobro, no es el de recaudar, sino el de contar con un padrón confiable que pudiera ser consultado por cualquier interesado, por lo que no se habría cumplido con dicha finalidad.

Es así que un recibo en manos del pagador pero que no contara con su registro en plataforma, constituyó un engaño acreditado a Iturbe Méndez, el cual todavía se agrava si encima le cobraron la afiliación cuando la entidad interesada nunca figuró en el SIEM en el periodo dado.


El que a dos amos sirve, con alguno queda mal… o con ambos

Además del antecedente en Canaco Pachuca con los miles de empresarios engañados por la institución entonces a su cargo, a la fecha aún guarda intereses con los organismos empresariales a sabiendas de que su actual cargo se lo impide, pues recién el mes pasado, Iturbe fue nombrado como consejero nacional de Concanaco, lo que le hace parte de su Consejo Directivo.

Incluso, sabedor del impedimento, lo hizo por el estado de Morelos para tratar de que pasara desapercibido por alguno de sus dos patrones.

Antes, la misma Concanaco ya habría cometido la indiscreción de darlo a conocer como parte de su estructura aún cuando éste ya formaba parte del gobierno de Hidalgo, lo que contraviene sus propias normas. Una publicación en redes sociales da testimonio sobre ello, pues fue transmitida en noviembre de 2022, 2 meses después de que asumiera como encargado de Comunicación en el gobierno de Julio Menchaca.

Cabe señalar que en el Artículo 4 de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, se establece que ninguna Cámara ni Confederación podrán realizar actividades religiosas o partidistas, lo que les obliga a renunciar a su cargo en caso de que, por ejemplo, sean funcionarios de gobierno.

Con el gobierno de Hidalgo sin embargo, las responsabilidades por el asunto van más allá.

La Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo establece en su artículo 20, Fracción IV, que un funcionario público de su nivel “No debe desempeñar otro puesto, empleo, cargo o comisión a excepción de la docencia y la beneficencia…”.

Mas aún, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo en su Artículo 13, Fracciones X y XI, enfatiza que el funcionario público debe abstenerse de asociarse con empresarios a la vez que su responsabilidad como servidor público le obliga a separarse legalmente de su encargo en caso de conflicto de interés, como es el caso.

En este caso en particular, cabe señalar que la misma Ley señala que el jefe inmediato de la persona que incurra en el conflicto de interés, en este caso el Secretario de Gobierno, estará obligado a informar al órgano de control sobre el asunto teniendo un plazo de 48 horas para hacerlo, a no ser que el Secretario Guillermo Olivares Reyna, cuya investigación se hará de su conocimiento, quiera prestarse al cohecho en los términos de la misma Ley.