La seguridad pública municipal en Hidalgo
Lunes 23 de enero de 2023
Por Benigno Martínez-Meneses
Hay, actualmente, tres grandes problemas que los gobiernos locales hidalguenses tienen que enfrentar: la (in)seguridad pública, la gestión del agua potable y la recolección de la basura. La no atención de esos tres asuntos genera ingobernabilidad.
El gobierno municipal es el primer contacto del ciudadano con un orden gubernamental. Es en esa institución donde concurren los ciudadanos para solicitar orientación, apoyo y, por supuesto, exigir, solución a su problemática.
En los asuntos de seguridad pública concurren los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal.
En el gobierno federal, parece que se está cambiando el mantra de “abrazos, no balazos” por enfrentar directamente a la delincuencia organizada con todas sus consecuencias.
En el ámbito estatal, penosamente tenemos el grave problema del “huachicol”. Pero los equipos de procuración de justicia y de seguridad pública, se percibe, que están enfocados y, que están entregando buenos resultados.
La gestión de la seguridad pública pasan por la disposición y uso eficaz y eficiente del erario. Además de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Hace unas semanas los gobiernos municipales aprobaron sus respectivos presupuestos de egresos para el año fiscal 2023.
Lo interesante sería que a los ciudadanos se les informara: ¿cuál es la estrategia de seguridad pública? ¿cuántos nuevos policías se han contratado? ¿cada cuándo sesiona el consejo municipal de seguridad pública? entre otros.
La policía municipal deberían de contar con seguridad social, armamento, uniformes de calidad y salario digno. También deberán con evaluaciones continuas, control de confianza y un programa de capacitación sobre derechos humanos y entrenamiento preventivo.
Las comparaciones son odiosas pero necesarias. Hace unos días el Alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas anuncio a sus gobernados la adquisición de 160 nuevos oficiales de policía y 157 unidades de vehículos policíacos: patrullas, motocicletas, entre otros.
Los sociedad civil organizada deberá exigir a los gobiernos locales la aplicación puntual de los recursos públicos destinados a la seguridad pública. Ser auténticos contralores y observadores de los asuntos públicos.
Existe evidencia de que los tomadores de decisiones en los gobiernos municipales están distraídos. Miran hacia otro lado. Están en modo “dejar hacer, dejar pasar”.
La problemática de la seguridad pública municipal es compleja como para dejarla solo en manos de los presidentes municipales, síndicos y regidores.
Al tiempo.
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