El otro lado de la inseguridad en Hidalgo.

Por Adán Amajac

Hay problemas públicos que solemos observar únicamente desde sus consecuencias: la inseguridad es uno de ellos. Vemos los delitos, exigimos resultados y demandamos policías más eficaces. Pero existe una pregunta que pocas veces hacemos y que, en Hidalgo, deberíamos comenzar a plantearnos con mayor seriedad: ¿qué condiciones ofrece el propio Gobierno del Estado a quienes todos los días tienen la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad?

Porque quizá estamos mirando el problema desde el lado equivocado.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, la policía se encuentra entre las instituciones que menor confianza generan entre los hidalguenses. Al mismo tiempo, la mayoría de los hidalguenses señalaron a la inseguridad y la delincuencia como los problemas más importantes que aqueja a nuestra entidad. La combinación es alarmante: el problema que más preocupa a la sociedad está relacionado con una institución en la que la mayoría de los hidalguenses no confía.

La reacción más común ante esta situación es pedir más policías, más patrullas, más operativos, más capacitación y mejores resultados. Y, nuevamente, tenemos razón en exigirlo. Pero una política de seguridad pública seria no puede limitarse a decirle al policía que tiene que ser mejor. También debe preguntarse qué está haciendo el Gobierno para construir las condiciones institucionales que permitan que ese policía estatal sea mejor.

El reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI ofrece datos que deberían provocar una discusión mucho más profunda. En Hidalgo, apenas 26.9% de los integrantes de la policía estatal cuenta con el Certificado Único Policial, una acreditación que permite demostrar que un elemento cuenta con el perfil, los conocimientos, las habilidades y las evaluaciones necesarias para ejercer profesionalmente su función. Este porcentaje coloca a Hidalgo entre las entidades con menos policías certificados. Sin embargo, el problema no termina aquí.

El mismo ejercicio estadístico muestra importantes carencias en diversos apoyos y prestaciones para los integrantes de la policía de Hidalgo: no hay apoyos educativos para el policía, créditos para vivienda, fondos de ahorro para el retiro, indemnizaciones por incapacidad derivada de riesgos de trabajo, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y apoyos a los familiares del elemento que fallece en el cumplimiento de su deber.

Lo más delicado es que muchas de estas garantías no son una aspiración ni un favor que el gobierno pueda conceder discrecionalmente. Están contempladas en la propia Ley de Seguridad Pública de Hidalgo.

Entonces vale la pena hacerse una pregunta sencilla, pero incómoda: ¿qué distancia existe entre lo que la ley reconoce y lo que un policía realmente recibe?

Un policía no solamente desempeña una función pública. También tiene una familia, hijos, necesidades de vivienda y un futuro que construir. Cuando un elemento sale a trabajar, no solamente arriesga su propia integridad, en cierta medida, su familia también asume ese riesgo. Por eso un seguro de vida, un fondo de ahorro, una prestación para vivienda o el respaldo económico para una familia que pierde a uno de sus integrantes en cumplimiento del deber no deberían entenderse como privilegios. Son mecanismos institucionales para reconocer los riesgos extraordinarios asociados con una función extraordinaria.

Ojo, abordar estas limitaciones no significa justificar el lamentable actuar de muchos policías. Las malas condiciones laborales no exculpan la corrupción, la colusión con grupos criminales, el abuso de autoridad ni ninguna conducta delictiva. Quien utiliza el uniforme para cometer un delito debe responder por sus actos. Y precisamente por eso, la dignificación policial debe ir acompañada de una exigencia mucho mayor de profesionalismo, controles y rendición de cuentas.

Cuando una sociedad le exige a un policía que arriesgue su vida para protegerla, esa sociedad, a través del Estado, tiene la responsabilidad de asegurarse de que, si algo le ocurre, su familia no quede abandonada. Y cuando le exigimos que rechace las tentaciones de la corrupción, tenemos que construir una institución donde la carrera profesional, el reconocimiento, el ingreso digno y las oportunidades de desarrollo sean alternativas reales frente a cualquier incentivo ilegal. Esto no elimina la responsabilidad individual, pero sí reconoce una verdad elemental de la administración pública: las instituciones también moldean el comportamiento de quienes trabajan dentro de ellas.

Y quizá aquí está el punto de partida para recuperar la confianza: no basta con pedirle al policía que sea mejor; tenemos que construir una institución que le permita ser mejor. Porque la seguridad pública no se construye solamente con patrullas, armas y operativos. También se construye con instituciones que cuidan a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos.