El municipio 85: entre la demanda legítima y la trampa institucional.
Hay una imagen que lo dice todo, familias en fraccionamientos del sur de Pachuca sin agua, sin calles pavimentadas, sin certeza de a quién le pertenece su queja. No saben si son de Pachuca, de Mineral de la Reforma o de Zempoala. Esa confusión no es menor. Es política.
La propuesta del municipio 85 nació ahí: del vacío institucional que dejaron desarrolladores que construyeron sin cumplir normas y autoridades que miraron hacia otro lado.
El gobernador Julio Menchaca lo reconoció esta semana. Habló de «posibilidades legales», pero también de apatía y corrupción de exalcaldes. Diagnóstico correcto. El problema es lo que sigue.
La viabilidad de una nueva demarcación no se mide solo en voluntad política. Se mide en hacienda municipal. Un municipio nuevo en Hidalgo hereda las mismas fórmulas de participaciones federales que los existentes, calculadas por población y rezago.
El sur de Pachuca tiene densidad, pero no tiene base fiscal propia consolidada. Los desarrolladores que generaron la demanda no dejan detrás infraestructura saneada, sino pasivos: calles inconclusas, redes de agua sin escriturar, alumbrado pendiente. Crear un municipio sobre eso es construir sobre deuda invisible.
En términos de reforma local, el reto es de orden constitucional estatal. El Congreso de Hidalgo tendría que aprobar la nueva demarcación, definir límites y garantizar presupuesto de arranque. Ninguno de esos pasos es automático. Y en un año preelectoral como 2027 en Pachuca, tampoco es inocente. El municipio 85 puede ser una causa justa y, al mismo tiempo, una herramienta de reconfiguración territorial que favorezca o perjudique a actores políticos específicos.
Eso no anula la demanda. La anula si no se resuelve primero el origen: la deuda de los desarrolladores y la rendición de cuentas de quienes los dejaron operar así. Sin eso, el municipio 85 solo cambia el membrete en la oficina. No cambia la vida de nadie.
