Contralorías ciudadanas, necesidad para la transformación por Lisset Marcelino.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo señala en el artículo 105 manifiesta que cada ayuntamiento tendrá una Contraloría con el objetivo de vigilar y evaluar el desempeño de las áreas que integren la administración municipal, así como de observar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
En el mismo ordenamiento jurídico se define la manera en que será designado el titular del Órgano Interno de Control a propuesta del Presidente Municipal y con la aprobación de las dos terceras partes del Ayuntamiento.
El 10 de julio de 2017 se crea la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo que tiene entre sus principales objetivos establecer mecanismos de colaboración con los órganos competentes para combatir la corrupción en el Estado y sus municipios, entre los componentes de dicho Sistema se encuentran las Contralorías Municipales en el ámbito de sus competencias.
En la Política Nacional Anticorrupción aprobada el 29 de enero de 2020, la corrupción está definida “como un orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en el particularismo y el favoritismo que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad.”
El objetivo principal de la Política Nacional Anticorrupción es “asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad con la finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.”
Debido a lo anterior, presenté una iniciativa con el objetivo de dotar de verdadera autonomía a las contralorías municipales para desempeñar las funciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, así como de otorgarle mayores facultades y fomentar la participación ciudadana.
En resumen, se busca que el contralor sea elegido por los ayuntamientos, derivado de convocatoria abierta a la ciudadanía y mediante un instrumento de evaluación técnica, que permita verdaderos profesionales en el área, quitando a las y los titulares del ejecutivo municipal, la potestad absoluta para su nombramiento. Se busca un proceso abierto, transparente, eficiente y que garantice que las mejores personas en términos profesionales y de probada honestidad, ocupen la titularidad de un espacio tan relevante para la vida pública de nuestros municipios
