Tecnología vetada, crimen liberado: el costo político de frenar plataformas del transporte público
Aldo Suah Islas Ruiz
Politólogo
El sistema de transporte público en Pachuca sigue operando bajo un esquema corporativista, cerrado y sin competencia efectiva. Agrupaciones como las lideradas por personajes históricos del transporte en Hidalgo, entre ellos “El Perro” Pelcastre, mantienen parte del control del servicio, lo que inhibe tanto la mejora del servicio como la fiscalización. Esta estructura concentrada ha generado una red clientelar que sirve a fines políticos antes que ciudadanos.
Pachuca se ha mantenido renuente a permitir con plena legalidad el funcionamiento de plataformas como Uber, Didi o Rappi, a pesar de la demanda ciudadana. Esta negativa no es técnica ni económica, sino profundamente política. Permitir plataformas representa romper con el monopolio histórico de concesiones y permitir competencia basada en evaluación, reputación, GPS, y pagos digitales.
Mientras otras ciudades han incorporado la tecnología al transporte como un mecanismo de transparencia y seguridad, Pachuca continúa dependiendo de estructuras verticales, resistentes al cambio.
El sistema actual no cuenta con filtros ni procesos de profesionalización. Muchos operadores ingresan al sector por recomendaciones políticas o favores sindicales, sin pasar pruebas psicológicas, toxicológicas o de conocimiento urbano. En este entorno, es fácil que criminales encuentren una fachada funcional: el taxi como cobertura para el delito.
La política pública en Hidalgo aún no ha dado el salto de la reacción a la prevención inteligente, basada en datos, tecnología e interoperabilidad entre instituciones.
¿Que hace falta? Certificar de manera obligatoria y permanente para todos los operadores. Controles psicológicos, penales y toxicológicos como requisito.
Formación con enfoque en derechos humanos, primeros auxilios y servicio al cliente.
Interconectar plataformas, cámaras, C5i y fiscalías para detección temprana de patrones delictivos. Aplicar análisis predictivos a rutas, horarios y zonas de riesgo.
Acceso público a estadísticas de accidentes, sanciones y quejas. Fomentar aplicaciones ciudadanas para calificar a conductores, unidades y rutas.
El homicidio de un ciudadano en la Capital, no es solo un crimen individual, sino el síntoma de una estructura fallida. En Pachuca, el transporte opera bajo una lógica del siglo pasado: corporativa, cerrada al cambio, insegura y carente de rendición de cuentas.
Negarse a las plataformas digitales es negarse al avance, a la transparencia y a la seguridad. Mientras el mundo gira hacia lo digital, Hidalgo mantiene cautivo el transporte en manos de intereses políticos. El caso ocurrido debe ser un parteaguas: o reformamos el sistema desde lo político y lo tecnológico, o seguiremos lamentando tragedias provocadas por estructuras que protegen a los suyos y abandonan a los ciudadanos.
Es momento de elegir entre el monopolio del pasado o la movilidad del futuro.
