San Felipe Orizatlán y la gobernabilidad.

Por José Sandoval

El derecho de votar y ser votado, es garantizado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,  y eso prevalece y debe prevalecer en los resolutivos de los tribunales electorales, al momento de resolver sobre algún juicio que busca restringir los derechos de algún ciudadano mexicano que aspira a algún cargo público. Cumpliendo los requisitos legales que solicitan las leyes y autoridad electoral, el médico, Carlos Cesar Pérez Escamilla, se anotó para competir por la Presidencia Municipal de San Felipe Orizatlán, ubicado en la región huasteca, bajo el abanderamiento del Partido del Trabajo, en el proceso electoral de renovación de ayuntamientos que tuvo el pasado 2 de junio en todo el Estado de Hidalgo.

El día de 2 de Junio, el resultado electoral  fue el siguiente, la planilla del PT, obtuvo  8,763 votos, y la segunda posición la ocupo la planilla conformada por Morena y Nueva Alianza Hidalgo, obtuvo 4,812 votos. También participaron planillas del PVEM, del PRI, del PAN y de MC. Derivado del resultado la planilla perdedora, asumiendo el derecho que le corresponde ha invocado la nulidad del resultado, y ha recurrido al Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, para que se anule el resultado derivado de un juicio administrativo realizado por el Ayuntamiento de San Felipe, que inhabilita al candidato ganador para ocupar cargos públicos, por una resolución que ellos tomaron.

El gobierno municipal de San Felipe Orizatlán, es parte actora en la resolución de la Contraloría Municipal y es encabezado por la tía del candidato que ahora usa la resolución para invocar la nulidad del resultado electoral y de la inelegibilidad del candidato ganador.

En este entramado, hay intereses familiares de por medio, el candidato que invoca la nulidad es sobrino de la actual Presidenta Municipal, Erika Saab, es decir hay conflicto de intereses por usar un procedimiento legal sin certeza de cumplir con las formas y los tiempos como revancha política ante la derrota electoral. El conflicto de intereses debería ser causa suficiente para desacreditar la prueba mayor mediante la cual pretenden anular el resultado. Pues ellos están fabricando el argumento legal que después utilizan para invocar la nulidad.  

Pero también debe observarse, como es posible que un funcionario municipal designado, pueda llevar a juicio a un representante que llegó por la vía de elección popular, pero aún se extralimite y considere que puede dictar una pena que va mas allá de su período de gobierno, como si fuera juez o magistrado. Hay demasiados excesos legales y políticos detrás de la inhabilitación de César Pérez Escamilla.

Más allá del tema legal, hay demasiadas implicaciones sociales y política en una resolución que no permitiera a Carlos César Pérez Escamilla, tomar posesión del cargo conferido por los orizatlenses en las urnas, el pasado mes de junio.

¿Quién es el Dr. Escamilla, como conocen al candidato imputado?. Desde hace años, a través de una asociación, realizado actividades culturales, de gestión social y de atención médica a los habitantes de San Felipe Orizatlán, derivado de su actividad, fue propuesto para ser candidato a Presidente Municipal, hace 5 años, pero fue perseguido por el Gobernador Omar Fayad, debido a que no era de su “agrado”, y le fueron cerradas las puertas para que no pudiera registrarse a la contienda,  al final gracias a esa operación, el partido del gobernador, en aquel tiempo, el PRI logró ganar la elección municipal en la persona de Erika Saab. Ganaron aquella batalla, y luego tanto Fayad como Saab, se pasaron a militar a Morena, con ese apoyo, lograron hacerse de la candidatura de Morena, para el sobrino de ella. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Orizatlán, juzgo en las urnas, el trabajo de una, y la trayectoria del otro y decidió otorgarle el mandato al abanderado del PT.  Fue abrumador el resultado como pocos en el Estado.

Las autoridades políticas estatales y hasta las municipales, deben poner la prudencia y hacer uso de sus facultades y rango para hacer entrar en razón a quienes están impugnando el resultado, una decisión adversa a la voluntad popular es peligrosa en un municipio, en el que todo saben que la paz es frágil. A quienes les corresponde la gobernabilidad de la región y la Entidad, debería prevalecer esta tarea. No son parte del conflicto, son parte de la solución, ya pasó el proceso electoral.

El Tribunal Electoral Estatal, falló en favor del petista, pero no quiere decir que pueda ocurrir lo mismo necesariamente en la siguiente estancia, la resolución dejo abierta la puerta, para que así ocurra. Ojala que haya prudencia en los que tienen la obligación de ponerla.