La reforma al Poder Judicial

“Quis custodiet ipsos custodes?”

(¿Quién custodia a los qué custodian?)

Juvenal, Sátiras, VI,247.

Es de bien nacidos ser agradecidos, primero quiero agradecer el generoso espacio que me abre este importante medio de comunicación que es Acento Estrategia para publicar esta columna semanal que lleva por título “El Imperio de la Ley”. Si algo requiere este país es que exista una cultura del debate informado y una inteligencia crítica que es justo el cometido que cumple un medio como Acento Estrategia.

Ahora sí, a lo que venimos, hoy en día, en nuestro país, se encuentra en la discusión pública y política, la iniciativa de reforma constitucional, presentada por el Presidente de la República, que pretenden reformar de fondo al Poder Judicial de la Federación.[1]

Entre las principales propuestas de la reforma constitucional destacan las siguientes: eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, órgano de administración y disciplina judicial, por un Tribunal de Disciplina Judicial; una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituyendo a los actuales 11 Ministros por 9 Ministros de nuevo nombramiento; se eliminan las dos Salas de la Suprema Corte por solo un Pleno; se elimina la pensión vitalicia para los futuros Ministros y se reduce su período de encargo de 15 a 12 años.

La propuesta que de sobra es la más controversial es aquella que, de ahora en adelante, se removerán a todos los 1,633 Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito y 11 Ministros de la Suprema Corte, y estos serán electos por el voto popular de la ciudadanía, a través de elecciones, donde competirán 6 candidatos por cada cargo a elegir, mismos que serán propuestos de manera equitativa por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Entre el gremio de los abogados, al que me honro de pertenecer, se tienen opiniones encontradas al respecto de este tópico. Para unos, el hecho de elegir a los jueces por el voto popular, implicaría una subordinación de la Judicatura a los grupos políticos organizados y a los poderes fácticos como lo son las cámaras empresariales o el crimen organizado, lo cual, sería en detrimento de su imparcialidad, independencia y autonomía. Yo no comparto esta opinión y me explicaré más adelante.

Los detractores de la reforma judicial señalan que de aprobarse se politizaría la impartición de justicia. Una falacia. Una falacia porque hoy en día la impartición de justicia está más politizada que nunca y no sólo en México, sino en todo el mundo.

Basta leer informarse un poco sobre el concepto de “lawfare” que es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’.

El lawfare está mas presente que nunca en nuestro país, sea por gobiernos de supuesta izquierda o de derechita cobarde, todos lo utilizan para perseguir enemigos políticos, sólo basta recordar los casos de Ernestina Godoy, la Fiscal Carnal contra el Cártel Inmobiliario o el caso de Vicente Fox contra López Obrador por el predio “El Encino”, por mencionar algunos, sin olvidar el caso de la “Estafa Siniestra” en Hidalgo.

Tampoco para nadie debe ser ajeno que la justicia está cada vez más ideologizada en nuestro país. Como bien ha dicho el jurista fránces Michel Troper, catedrático de la Universidad Paris X Nanterre, nos encontramos en la época del “gobierno de los jueces”.

Hoy más que nunca los jueces gozan de una amplia discrecionalidad para dictar sus sentencias, tan amplia que se olvidan del texto de la Constitución y las leyes, para inventarse derechos y prohibiciones que no están contenidas en dichos textos. Sólo basta recordar los casos de la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la prohibición de la tauromaquia, entre otras sentencias aberrantes de la Judicatura.

Para mi, Mario Fernández Márquez, abogado egresado de la UNAM con Mención Honorífica y con estudios de Especialidad y Maestría por la Escuela Libre de Derecho -para que no se diga que es una persona sin estudios la que emite esta opinión- elegir a los jueces por el voto popular, implica legitimar socialmente la función de la Judicatura y que ésta se encuentre sometida a una real y efectiva transparencia y rendición de cuentas.

Además de ello, implica un proceso ciudadano para que cualquiera que tenga el perfil, la capacidad y la trayectoria para aspirar públicamente a ocupar un cargo de Juez, lo puede hacer libremente, sin estar acotados a los grupos mafiosos que se han repartido los espacios jurisdiccionales y administrativos en el Poder Judicial Federal.

Eso si, como ciudadanos, hay que ser muy acuciosos y rigurosos con la selección de los perfiles que aspiren a un cargo de esta envergadura para luego no encontrarnos con jueces, socios del narco, amigos o parientes de los políticos en turno, o amantes de lo ajeno. Como diría Cantiflas: ahí está el detalle.

Para nadie medianamente informado es desconocido el hecho de la rampante corrupción, nepotismo y favoritismos que imperan en la selección de Jueces y Magistrados, que una vez en el cargo, intercambian favores para nombrar a parientes, concubinas y amigos, en las principales plazas administrativas de las que goza el Poder Judicial Federal.

Para nadie medianamente informado es desconocido las prestaciones y compensaciones exorbitantes de las que gozan Jueces y Magistrados como lo son compra de vehículos último modelo para su uso personal con cargo al erario; renovación completa de su vestimenta en las mejores tiendas departamentales con cargo al erario; diversos tipo de becas académicas con cargo al erario en las mejores universidades privadas de México y el extranjero; comedores institucionales con meseros y chefs privados que se encuentran localizados al interior de las instalaciones judiciales.

Todo ello ha sido múltiplemente denunciado por ciudadanos, políticos, empresarios, e incluso, por los propios Jueces y Magistrados, como lo es el caso del entonces Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, quien en el estudio que elaboró en el año 2017, identificó lo siguiente:

“Casi la mitad de los jueces y magistrados federales del país tienen a familiares trabajando en el mismo Poder Judicial, advierte un estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. El informe revisó 1,031 plazas en 31 circuitos y halló que 501 juzgadores, el 48.6%, tienen en la nómina a hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras. Además, otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con parientes”

Son escandalosas la opacidad y corruptelas que imperan en el Poder Judicial Federal. Es momento de que haya una verdadera reconfiguración institucional. Toda iniciativa es perfectible y, sin duda, se deben escuchar a todas las voces involucradas. Sin embargo, la misión es clara, como aquellos revolucionarios cambios medievales que transformaron las instituciones jurídicas, la principal misión de cualquier reforma judicial lo deberá ser preservar “el imperio de la ley” frente a las arbitrariedades del poder, o, como bien lo decía, nuestro prócer de la Patria, José María Morelos y Pavón, “que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

Gracias por este espacio semanal, espero que los amables lectores, se diviertan por lo menos un poco con estas letras ante la tragicomedia en la que pernoctamos diariamente. Maintenant, je te dis au revoir!

[1] Dicha reforma deja de lado a los Poderes Judiciales locales, por lo que será tarea de los “valientes”, “independientes” y “sagaces” Gobernadores que gobiernan este país, en caso de aprobarse la reforma federal, el proponer una reforma constitucional a nivel local que la homologue con la federal.

Email: mario.afm@gmail.com

Redes sociales: @mariofm (X, antes Twitter) @mariofernandezmr (Instagram) Mario Fernández Márquez (Facebook)