«La Marcha del Zócalo: Entre el Martirio y el Oportunismo Político»
Por Suah Ruiz. Politólogo.
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre de 2025, marca un punto de inflexión en la narrativa política mexicana contemporánea. Su muerte violenta durante el Festival de las Velas, mientras se fotografiaba con niños, transformó inmediatamente al funcionario en un símbolo de resistencia cívica frente al crimen organizado. Sin embargo, la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México reveló no solo el dolor social genuino, sino también las profundas fracturas del sistema político mexicano y la capacidad de la oposición para capitalizar sin necesariamente aportar soluciones estructurales.
El Martirio Político como Construcción Social.
Max Weber, en su análisis del poder carismático, sostiene que las figuras políticas pueden transformarse en símbolos tras eventos traumáticos que cristalizan las frustraciones colectivas. Manzo cumple cabalmente con esta condición: un alcalde independiente que, con apenas dos meses en el cargo, desafió públicamente al crimen organizado y solicitó apoyo federal en un contexto donde la violencia es endémica. Su muerte lo convirtió en lo que Durkheim llamaría un «hecho social total», un acontecimiento que condensa múltiples dimensiones de la crisis mexicana: la violencia estructural, la fragilidad del Estado de derecho y la vulnerabilidad de las autoridades locales.
La construcción de Manzo como mártir es, en términos politológicos, funcional para diversos actores. Para la ciudadanía de Uruapan y Michoacán, representa la demanda legítima de seguridad y justicia. Para la familia y los simpatizantes, simboliza la valentía cívica. No obstante, esta narrativa fue rápidamente apropiada por sectores opositores que encontraron en su figura un vehículo para canalizar el descontento generalizado hacia la administración de Claudia Sheinbaum.
La Captura Oportunista del Discurso
La marcha del 15 de noviembre evidenció lo que Robert Michels denominó la «ley de hierro de la oligarquía»: la tendencia de las organizaciones a ser cooptadas por élites que priorizan intereses partidistas sobre demandas ciudadanas genuinas. Convocada inicialmente por la llamada «Generación Z», la manifestación fue infiltrada por actores políticos tradicionales incluidos ex senadores y dirigentes del PRI y PRD que transformaron una demanda social en un acto de oposición partidista.
Las consignas «Fuera Morena» y «Fuera Claudia» desplazaron gradualmente el reclamo central de justicia para Manzo. Este fenómeno no es nuevo en la política mexicana: Giovanni Sartori, en su análisis de los sistemas de partidos, advierte sobre la polarización competitiva que vacía de contenido las demandas ciudadanas, convirtiéndolas en instrumentos de confrontación electoral. La oposición falló en presentar propuestas concretas de política pública para Michoacán; en cambio, se limitó a la retórica de la indignación y la condena, replicando lo que Gramsci llamaría una «guerra de posiciones» sin contenido programático real.
Esta captura oportunista revela un problema estructural: la ausencia de un proyecto político alternativo con propuestas de reforma institucional en materia de seguridad. Como señala Francis Fukuyama, la legitimidad del Estado depende de su capacidad para proveer bienes públicos fundamentales, especialmente seguridad. La oposición mexicana ha sido incapaz de articular una visión coherente sobre cómo fortalecer las capacidades del Estado en regiones como Michoacán, donde el crimen organizado ejerce control territorial efectivo.
No obstante, el gobierno federal tampoco está exento de responsabilidad. Manzo solicitó explícitamente apoyo federal semanas antes de su asesinato, y aunque contaba con protección de 14 elementos de la Guardia Nacional, el ataque demostró las limitaciones de los esquemas de seguridad en contextos de violencia extrema. Esto plantea interrogantes sobre lo que Peter Evans llamaría la «autonomía enraizada» del Estado: su capacidad para penetrar en territorios controlados de facto por actores criminales.
El «Plan Michoacán» anunciado por Sheinbaum después del asesinato puede interpretarse como una respuesta reactiva y no como una estrategia preventiva. Esto refleja lo que Charles Tilly identificó como la paradoja del Estado moderno: mientras busca monopolizar la violencia legítima, enfrenta resistencias de actores criminales que disputan ese monopolio en zonas específicas. La pregunta fundamental es si el Estado mexicano tiene la voluntad política y la capacidad institucional para implementar una estrategia de largo plazo que no se limite al despliegue militar, sino que incluya desarrollo económico, fortalecimiento del Estado de derecho y prevención social.
La Necesidad de un Debate de Altura
El caso Manzo y la marcha del Zócalo nos confrontan con una realidad incómoda: México requiere respuestas estructurales, no solo manifestaciones de indignación. La construcción de Manzo como mártir es legítima y refleja un hartazgo social construido y guiado, pero su instrumentalización oportunista por parte de la oposición desvirtúa la demanda ciudadana y perpetúa un ciclo de confrontación estéril.
Como advierte Norberto Bobbio, la democracia exige no solo elecciones competitivas, sino también debate público de calidad sobre políticas públicas. México necesita que tanto el gobierno como la oposición abandonen la retórica vacía y se comprometan con propuestas concretas: reforma policial, fortalecimiento de fiscalías locales, estrategias de prevención del delito y desarrollo económico regional. De lo contrario, el sacrificio de Carlos Manzo será simplemente otro episodio en la larga lista de tragedias que conmueven momentáneamente, pero que no transforman estructuralmente la realidad del país.
Aldo Suah Islas Ruiz.
Politólogo.
