Hacia una política pública de seguridad escolar: El Plan Criminológico y la urgencia de protocolos de actuación en el Estado de Hidalgo

Por: Jair Samuel Hernández Pérez Abogado criminalista, cineasta y escritor.

En virtud de los hechos recientes me encuentro en la necesidad de exponer una investigación que he desarrollado desde el 2020 y que ya ha sido presentada una iniciativa al H. Congreso del Estado de Hidalgo ya que es imperante de transformar el abordaje de la violencia escolar en el estado de Hidalgo analizando la violencia no solo como un conflicto entre pares (bullying), sino como un fenómeno multidireccional que afecta gravemente la integridad del personal docente, especialmente tras la irrupción de la educación a distancia. Se propone la institucionalización del criminólogo escolar y la creación de protocolos de actuación docente como pilares para garantizar el derecho humano a una educación segura y digna.

Tradicionalmente, la violencia escolar ha sido reducida al fenómeno del acoso entre estudiantes. Sin embargo, los hallazgos de mi reciente investigación, que también nutren el documental «Del aula al chat: El silencio docente», revelan una realidad mucho más compleja y alarmante en Hidalgo. Hoy somos testigos de una inversión de poder donde el docente, antes figura de autoridad, se ha convertido en una víctima invisible de violencia física, sexual y digital.

Los testimonios recabados muestran un espectro de agresiones que incluyen desde golpes y acoso sexual por parte de alumnos, hasta denuncias falsas y hostigamiento laboral por parte de autoridades escolares. Esta vulnerabilidad se agudizó con la pandemia de COVID-19; la migración al entorno digital obligó a los maestros a exponer sus datos personales, facilitando el acoso a través de mensajes sexuales y amenazas bajo el anonimato de las redes sociales.

En este contexto, la violencia hacia el personal docente no constituye un fenómeno aislado ni reciente. Casos extremos han evidenciado su escalamiento a niveles letales. Un ejemplo paradigmático ocurrió recientemente en Lázaro Cárdenas, donde un estudiante de 15 años asesinó con un arma de fuego a dos maestras dentro de un plantel educativo, en un ataque previamente anunciado en redes sociales y posteriormente confirmado como premeditado. Este hecho, lejos de ser excepcional, refleja una tendencia preocupante en la que el docente se convierte en objetivo directo de la violencia, evidenciando la fragilidad de los mecanismos institucionales de prevención y respuesta.

La política pública propuesta no es una ocurrencia empírica, sino que se sustenta en pilares de la ciencia criminológica que explican la génesis de estas conductas:

1. Teoría de la desorganización social (Shaw y McKay): La ausencia de controles institucionales sólidos en las escuelas favorece la escalada de violencia.
2. Teoría de la tensión (Merton): La frustración social y académica puede canalizarse en conductas agresivas dentro del plantel.
3. Teoría del control social (Hirschi): El debilitamiento del vínculo entre el individuo y la institución escolar incrementa la probabilidad de comportamientos desviados.
   Desde esta perspectiva, el criminólogo escolar no actúa para investigar delitos ya consumados, sino para realizar un análisis de riesgos, detectar patrones de violencia digital y presencial, y diseñar estrategias de prevención que hoy las áreas de psicología o trabajo social no alcanzan a cubrir por sí solas.
   La propuesta presentada ante el Congreso de Hidalgo encuentra su respaldo en nuestra Carta Magna. El Artículo 3° garantiza el derecho a la educación en condiciones de dignidad, mientras que el Artículo 4° consagra el derecho a una vida libre de violencia. Asimismo, el Artículo 123 protege los derechos laborales de los docentes, quienes actualmente carecen de mecanismos específicos de defensa frente a agresiones físicas o digitales en el ejercicio de su función.
   Aunque la Ley de Educación del Estado de Hidalgo reconoce la seguridad escolar, existe un vacío legal respecto a los protocolos de actuación frente a la violencia hacia maestros y el acoso laboral jerárquico.
   La Propuesta: Un Plan Criminológico Integral
   El plan propuesto ante los legisladores contempla tres niveles de acción esenciales:
   • Prevención Primaria: Fomento de una cultura de paz y educación para la legalidad digital.
   • Prevención Secundaria: Mediación criminológica y evaluación de conductas de riesgo en etapas tempranas.
   • Prevención Terciaria: Acompañamiento en casos graves y medidas restaurativas para evitar la reincidencia.
   Medidas Clave para Hidalgo:
4. Protocolo de Actuación Docente: Un marco jurídico y administrativo que respalde al maestro ante agresiones, denuncias falsas y violencia digital.
5. Criminología en las aulas: La incorporación del criminólogo en la plantilla escolar o, en su defecto, la creación de equipos regionales de criminólogos que atiendan las zonas de mayor incidencia delictiva.
6. Registro Estatal de Incidentes Escolares: Coordinado por la SEPH, para generar datos estadísticos que orienten políticas públicas basadas en evidencia y no en suposiciones.
   La violencia escolar en Hidalgo es un fenómeno multicausal que requiere una reestructuración organizacional profunda. No podemos seguir ignorando que el silencio docente es, en muchos casos, un silencio impuesto por la falta de respaldo institucional.
   Es imperativo que el Congreso del Estado de Hidalgo reconozca la capacidad preventiva de la criminología. Otorgar este espacio institucional permitirá no solo proteger a los alumnos, sino también devolverle al docente su integridad y dignidad profesional. Solo a través de una visión integral y equilibrada podremos garantizar que nuestras aulas sean espacios de paz y desarrollo.