El riesgo de elegir jueces: ¿más democracia o más control político?
La elección de jueces y magistrados en México ha sido históricamente un tema complejo marcado por la opacidad y la concentración de poder. Durante décadas, ciertas familias y grupos jurídicos ejercieron un control casi hegemónico sobre el Poder Judicial, perpetuando una estructura elitista y ajena a la rendición de cuentas (Fix-Fierro, 2003). Este fenómeno, arraigado en el corporativismo priista, convirtió a la justicia en un botín de intereses privados más que en un servicio público (Magaloni, 2003).
La iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para reformar el sistema de selección judicial hoy impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca, en teoría, democratizar este poder. La propuesta central es sustituir el actual mecanismo de designación por consejos técnicos (dominados por círculos jurídicos cerrados) por elecciones populares o intervención legislativa. Sin embargo, surge una pregunta incómoda: ¿se está remplazando un clientelismo por otro?
La crítica más sólida contra la reforma es que podría trasladar el control judicial de manos de élites jurídicas a las de los partidos políticos. En países como Estados Unidos, donde algunos estados eligen jueces por votación, se ha documentado cómo estos procesos derivan en campañas financiadas por grupos de interés, comprometiendo la imparcialidad (Bonneau & Hall, 2009). En México, con un sistema político aún marcado por el presidencialismo, existe el peligro de que el oficialismo utilice su mayoría legislativa para cooptar tribunales. De hecho, el constitucionalista Diego Valadés advierte que «la independencia judicial no puede sacrificarse en nombre de una democracia directa mal entendida» (2020).
Los defensores de la reforma argumentan que el modelo actual es insostenible: entre 2000 y 2018, el 70% de los ministros de la Suprema Corte provenían de un círculo de menos de 10 universidades (IFE, 2019), evidenciando un sesgo de clase. No obstante, la alternativa de elección popular, sin filtros técnicos, podría ignorar un principio básico: la justicia requiere expertise, no solo legitimidad electoral. Como señala Ana Laura Magaloni, «la solución no es eliminar a las élites, sino garantizar que sean élites meritocráticas» (2021).
El caso de España ilustra un equilibrio posible: allí, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es designado por el parlamento, pero con cuotas técnicas y mayorías cualificadas que obligan a consensos. En México, sin embargo, la iniciativa actual carece de contrapesos claros. Según el informe de México Evalúa (2023), el proyecto no especifica cómo se evitará que el partido en turno nombre jueces afines, repitiendo vicios del pasado.
La democratización del Poder Judicial es urgente, pero debe evitar caer en la simplicidad binaria de «familismo vs. partidismo». Se requiere un diseño institucional que combine transparencia en las nominaciones (vía concurso público auditado por organismos autónomos, como propone el Instituto Belisario Domínguez, 2022), participación ciudadana en veedurías y límites estrictos a la reelección de cargos judiciales. Como advierte Carbonell (2021), «un juez no es un diputado: su legitimidad nace de la ley, no de las urnas».
La administración de Sheinbaum tiene ante sí un desafío histórico: demostrar que su reforma no es una revancha política, sino un paso genuino hacia una justicia accesible e independiente. De lo contrario, solo habrá cambiado a los amos del poder, no al sistema.
Aldo Suah Islas Ruiz.
Politólogo.
