Diputadas hidalguenses, presentan iniciativa 3 de 3 contra deudores alimentarios y violencia familiar.
Durante la sesión ordinaria 133 del Congreso de Hidalgo, fue presentada una reforma a la Constitución Política de la entidad para la suspensión de derechos políticos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público a personas sentenciadas por violencia familiar y deudores alimentarios.
La propuesta fue presentada por diputadas integrantes de la LXV Legislatura y leída en tribuna por parte de las diputadas, Marcia Torres González, Elvia Sierra Vite y Lisset Marcelino Tovar.
De acuerdo con la legisladora Marcia Torres, el objetivo es incorporar el artículo 17 Bis que contempla que las personas no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Lo anterior incluye a quienes hayan cometido el delito contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En cuanto a ese último rubro, Torres González, mencionó que no es permisible que las personas dejen a la deriva y a su suerte a aquellas personas que depende de éste, pues no sólo se obliga jurídicamente a cumplir, sino que además es un deber moral y social el atender y velar por la seguridad y bienestar social de cada uno de los miembros de su familia.
Por su parte, la diputada, Elvia Sierra, señaló que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas aspirantes a una candidatura postuladas por partidos políticos, no detentan antecedentes de conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género.
Cabe destacar que en Hidalgo el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con el promedio anual nacional. En efecto, mientras que, en México creció a un ritmo de 17.1 por ciento, en Hidalgo fue de 22.6, indicó.
El pasado 28 de abril, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aprobó la reforma y adición a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La diputada, Lisset Marcelino Tovar, al dar continuidad a la lectura de la iniciativa, mencionó que el derecho alimentario son consideraciones legales que garantizan los derechos a las personas proveedoras como receptoras del derecho alimentario.
Ante una separación se convierten en obligados y acreedores del derecho alimentario establecidos en los códigos civiles y/o familiares según sea el caso.
Al término de la presentación los diputados integrantes de los grupos legislativos del PRI, Morena, PT, Nueva Alianza, PAN y del Partido Verde Ecologista de México, se sumaron a la iniciativa para evitar que personas sentenciadas por violencia contra la mujer y deudoras alimentarias puedan ocupar un cargo público.
La iniciativa fue enviada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y resolución.
