Congreso de Hidalgo y la Ley Chayote

Economía versus Política
César Peña *

La distribución de los recursos que los tres poderes del estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, destinan a la difusión de sus actividades a través de los medios de comunicación, es un tema que sigue levantando ámpula y sin resolverse favorablemente debido a que los funcionarios se niegan a discutirlo públicamente como si se tratara de una caja chica manejada a discresión en favor de amigos e incondicionales.

La llegada de la nueva Legislatura al Congreso local, debería abrir la discusión a lo que ha sido conocida como la Ley Chayote, para poder regular de una vez por todas ese dispendio faccioso que realizaron los priístas cuando estuvieron en el poder y que la Legislatura anterior, dominada por el Grupo Universidad apoyada por Morena, siguió replicando.

Hoy, el coordinador de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez, debería abrir este tema, sin embargo, ya hay indicios de que no hay la menor intención de abrir el debate con los representantes de los medios de comunicación y que por el contrario, ya se diseñó e implementó la estrategia de control, más que de difusión, sobre lo que se publica en los medios ya sea escritos, digitales, radio y tv.

Si la Legislatura del hoy reconvertido Jorge Hernández Araus se caracterizó por entregar chayotes a los periodistas que cubrían la fuente -principalmente los diarios-, dejando de lado a la inmesa mayoría, hoy el riesgo es mayor, pues este anteproyecto de la Dirección de Comunicación Social, tiene previsto entregar 3 mil pesos mensuales a cada medio de comunicación con dos condicionantes:

La primera, no criticar ni un ápice a Morena y sus legisladores y la segunda, no pedir ni un sólo peso a los diputados de manera externa. Estas consignas son las que se impondrán penosamente a los representantes de la prensa. Abrir la dicusión de la Ley Chayote, jamás, según se advierte.

Por supuesto que el coordinador del Congreso está ajeno a todas estas temáticas y la gente que tiene ahí de igual manera. Ni siquiera se ha practicado la ley mínima de la cortesía que por lo menos haría fluir la información a cada medio de comunicación a través de boletines, avisos de agenda y actividades.

Lamentablemente la transición sigue en pañales y los signos de este fracaso anunciado es lo que pasó con Eduardo Iturbe, director de Comunicación Social del Ejecutivo, quien no sólo se fue, sino que está siendo investigado por no cuidar correctamente la imagen del mandatario y funcionarios, pero sobre todo, por negocios y tratos que se dice, realizó de manera paralela para beneficiarse.

Morena no debe replicar, en lo absoluto, las políticas del PRI, de pagar para que no se les ataque, sino que debe velar, impostergablemente, por la libertad de expresión, siendo ellos mismos el ejemplo de tolerancia y de conciencia de que sus funcionarios están mayormente expuestos a la crítica, misma que deben aceptar como lo señala la Constitución.

Es pues, hora de demostrar esta apertura y las capacidades de sus funcionarios.

• Escritor, periodista, economista y divulgador de la ciencia