El rostro de un estado anómico: la urgencia de la criminología en las instituciones gubernamentales
Por Jair Samuel Hernández Pérez
Abogado Criminalista y Escritor
La inseguridad y la desconfianza en las instituciones policiales en México son problemas persistentes. Un ejemplo claro de esta problemática es el caso de Marco Antonio “N”, un expolicía municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, quien, tras haber sido denunciado reiteradamente por su expareja por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, terminó asesinándola junto con otros tres miembros de su familia.
Este caso ilustra las graves fallas en los procesos de reclutamiento, evaluación y supervisión de las fuerzas policiales en México. Aunque existen exámenes de admisión, estos suelen centrarse en pruebas físicas y conocimientos básicos, dejando de lado la evaluación psicológica profunda y la idoneidad para ejercer el cargo. Además, la presión por cubrir vacantes y la falta de recursos destinados a evaluaciones continuas han permitido que individuos con perfiles violentos o inestables formen parte de estas instituciones. No es un problema exclusivo de las policías municipales; situaciones similares ocurren en la policía estatal, la policía ministerial, la Guardia Nacional e incluso en empresas de seguridad privada, donde los criterios de selección son aún más laxos.
La criminología, es esencial para la prevención del delito y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en México. Sin embargo, su aplicación sigue siendo limitada y subestimada, lo que permite que individuos con perfiles de riesgo ingresen y permanezcan en las fuerzas del orden sin una adecuada supervisión.
Desde la criminología, varias teorías explican por qué una persona que recibe autoridad puede desarrollar conductas abusivas y violentas. La teoría del aprendizaje social de Bandura sostiene que la violencia es un comportamiento aprendido por imitación y refuerzo, lo que en un entorno institucional como la policía se ve potenciado por una cultura de impunidad y abuso de poder. La teoría de la anomia de Merton plantea que, cuando las instituciones no ofrecen medios legítimos para alcanzar sus objetivos, los individuos pueden recurrir a la violencia como alternativa. En el caso de Marco Antonio “N”, la falta de control y sanciones efectivas le permitió continuar con sus conductas agresivas sin consecuencias inmediatas. La teoría del control social de Hirschi argumenta que el debilitamiento de las instituciones y la falta de supervisión generan condiciones propicias para la delincuencia, algo evidente en la ausencia de monitoreo y medidas preventivas en su caso. Además, la teoría de la asociación diferencial de Sutherland refuerza la idea de que el comportamiento delictivo se aprende en la interacción con otros, lo que en cuerpos policiales permeados por la corrupción y el abuso puede traducirse en una normalización de la violencia y la creencia de que la autoridad confiere impunidad.
El concepto de anomia, desarrollado por Émile Durkheim, es particularmente relevante para entender casos como el de Marco Antonio. La anomia se refiere a un estado de desorganización social en el que las normas pierden su fuerza reguladora, lo que puede llevar a comportamientos desviados. En el contexto de las instituciones policiales en Hidalgo, la anomia se manifiesta en la falta de normas claras y efectivas para regular el comportamiento de los agentes. Esto incluye la ausencia de evaluaciones psicológicas rigurosas, la relajación de los estándares de reclutamiento y la falta de supervisión y rendición de cuentas. Como resultado, personas con problemas psicológicos o propensión a la violencia pueden ingresar a las fuerzas policiales y, en algunos casos, cometer delitos graves.
Ante esta realidad, es imperativo que las instituciones de seguridad adopten medidas basadas en la criminología para prevenir estos casos. Un sistema de reclutamiento más riguroso, con evaluaciones psicológicas profundas y continuas, permitiría filtrar a individuos con perfiles de riesgo. La capacitación en ética policial, resolución de conflictos y manejo del estrés ayudaría a mitigar las tendencias abusivas dentro de la institución. La implementación de supervisión constante y mecanismos de rendición de cuentas reduciría la impunidad y la corrupción que permiten que estos comportamientos persistan. Finalmente, el fortalecimiento de la cultura organizacional, priorizando la salud mental y el bienestar de los agentes, contribuiría a la construcción de cuerpos de seguridad más confiables y comprometidos con su función de proteger a la ciudadanía en lugar de convertirse en una amenaza para ella.
El caso de Marco Antonio “N” no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que debe abordarse desde un enfoque criminológico integral. Sin reformas profundas y estrategias basadas en el conocimiento científico del comportamiento criminal, estos incidentes seguirán ocurriendo, perpetuando la desconfianza en las instituciones de seguridad y la impunidad en los actos de abuso de autoridad. La criminología tiene el potencial de convertirse en un pilar para la prevención del delito dentro de los cuerpos policiales, pero su aplicación requiere voluntad política y un compromiso real por transformar el sistema desde sus cimientos.
