Fiscalías por encargo: El uso faccioso del poder punitivo y el nuevo leviatan.
Por: Jair Samuel Hernández Pérez
Abogado Criminalista
El poder de castigar es, sin duda, la herramienta más fuerte que tiene el Estado; es esa capacidad de investigar y sancionar que puede cambiarle la vida a cualquiera al quitarle sus derechos más básicos. En teoría, y como bien dice Luigi Ferrajoli, el derecho penal solo es justo cuando sirve como un escudo para protegernos de los abusos del poder. Sin embargo, cuando esos límites se borran, la justicia deja de ser un servicio público y se convierte en un garrote. La realidad nos ha enseñado, como sostiene la criminología crítica de Alessandro Baratta, que el sistema penal nunca ha sido neutral. No se persigue a todos por igual, sino que se selecciona a quién castigar basándose en intereses políticos y sociales, más que en la gravedad de lo que hicieron.
Esta selectividad se vuelve peligrosa cuando el poder punitivo no tiene frenos. Eugenio Raúl Zaffaroni advierte que, sin límites, el Estado tiende a volverse autoritario, actuando más como una policía sin control que como un sistema de justicia. Es aquí donde vemos el problema más grave de nuestras instituciones: la pérdida total de autonomía de las fiscalías. Aunque en el papel se digan independientes, lo que vemos en todos los niveles de gobierno es que, con cada cambio de partido o de político en la silla presidencial, la fiscalía y la policía se quitan la máscara y se vuelven sus criados. En lugar de buscar la verdad, se dedican a fabricar carpetas de investigación por encargo y a organizar operativos dramáticos, llenos de luces y cámaras, que parecen más un espectáculo de televisión diseñado para humillar que un acto de justicia real.
Como bien señala Alberto Binder, cuando el Ministerio Público se arrodilla ante los intereses políticos, la investigación penal se convierte en una simple herramienta de presión. Es el llamado lawfare: el uso de la ley para desgastar y eliminar a los rivales políticos bajo una apariencia de legalidad. En estos casos, ya ni siquiera importa si hay una sentencia al final; el solo hecho de abrir una investigación y exhibir a alguien ante los medios ya funciona como un castigo anticipado. Este es el rostro del Leviatán moderno que describía Thomas Hobbes, pero en una versión mucho más retorcida. Ya no es solo un soberano que mantiene el orden, sino un Estado que, como decía Michel Foucault, utiliza el castigo para producir obediencia y control social.
Esta forma de gobernar a través del miedo y la amenaza penal es una violación directa a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara al decir que usar el sistema penal para callar a la disidencia es una forma de violencia institucional que no tiene cabida en una democracia. Fabricar delitos y perseguir opositores no solo destruye la vida de las personas y pisotea la presunción de inocencia, sino que termina por podrir la confianza de la gente en la justicia. En conclusión, ver a la fiscalía convertida en un instrumento de persecución política es la prueba de que el Estado ha dejado de buscar el consenso democrático para dedicarse a intimidar. Si la justicia sigue siendo el juguete del político en turno, las herramientas del garantismo y la criminología crítica son nuestra única defensa para denunciar y resistir este teatro del castigo.
